Los pesos pesados que quiere la DEA

Para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no son pocas las personalidades del alto gobierno venezolano que podrían tener una vinculación directa con los negocios del narcotráfico y el terrorismo: militares activos y retirados, agentes y directivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), diplomáticos y diputados o gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han sido sancionados.


El castigo: se les congelan sus bienes en Estados Unidos y queda prohibido a cualquier ente de ese país realizar transacciones con ellos, sus apoderados o sus propiedades. El enfrentamiento está declarado desde hace años. Las relaciones entre la justicia estadounidense y potentes figuras de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y moral de Venezuela son, por decirlo suave, tirantes. La ley —como la política— media entre unos y otros.


La lista es extensa, va en aumento e incluye empresas y extranjeros que se pasean o residen en el país vecino, pero es el nombre de algunos investigados, o más bien su peso político, lo que ha llamado poderosamente la atención en esta última semana, cuando el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que la DEA y fiscales de Nueva York y Florida han abierto una investigación formal contra el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, el segundo hombre más importante del Gobierno de ese país después del presidente Nicolás Maduro.


Desde que el fallecido Hugo Chávez decidiera expulsar a la DEA de Venezuela por creer que buscaban desestabilizar su gobierno, ha habido una escalada en los vuelos sospechosos y en la captura de líderes narcotraficantes. También aumentaron las denuncias contra militares que custodian o coordinan operaciones en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas del país vecino, especialmente las que limitan con Colombia, donde se asume la presencia del Eln y las Farc.


Luego de su detención en Cúcuta, Colombia, en 2010, el empresario y narcotraficante venezolano de origen sirio Walid Makled, a quien también llaman el Turco, prendió un ventilador de acusaciones contra jueces, diputados, gobernadores, ministros y generales en Venezuela que invitan a pensar que existe un complejo entramado de corrupción en las cadenas del poder.


Aunque ha dicho tener pruebas y mostró algunos documentos en entrevistas televisivas, ninguno de los funcionarios a quienes ha señalado enfrenta un juicio por ello. Todos se defienden diciendo que son acusaciones sin evidencias. Makled cumple hoy una condena de 14 años y seis meses en Venezuela, pero antes estuvo solicitado también por la justicia estadounidense, que pidió su extradición al presidente Juan Manuel Santos. Su deseo, dicho en público, era acogerse al programa de protección de testigos de la DEA. De ahí parte el sustento que buscan hoy, en conjunto, el organismo antidrogas y la justicia federal de Estados Unidos a través de los fiscales de Miami y Nueva York para abrir un caso contra militares de alto rango en Venezuela, entre ellos Diosdado Cabello.


Tres testigos protegidos como clave

Hay tres personas que pudieran ser la clave en este juego rocambolesco. El primero de estos testigos es el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, quien fue destituido de su cargo por la Asamblea Nacional de Venezuela, debido justamente a la relación que tenía con Makled, a quien supuestamente le habría firmado un carné oficial como su jefe de seguridad personal.


Aponte voló en abril de 2012 desde Costa Rica hasta Estados Unidos en un avión de la DEA, según reveló entonces el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica, Mauricio Boraschi. Una vez llegó a su destino ofreció una entrevista a Soi TV, en la cual admitió haber conocido a Makled, aunque dijo desconocer “sus actividades y negocios”. En relación al carné, respondió: “No está firmado por mí”.


El juez penal negó haber tenido nexos con el narcotráfico, y sobre los señalamientos del criminal sirio-venezolano alegó lo mismo que dicen hoy los funcionarios del chavismo para defenderse, incluso de sus propias denuncias: “Eso lo dice él”.


En esa entrevista habló de un caso: “En ningún momento favorecí al narcotráfico. Solamente en un caso que me acuerdo ahorita, de un comandante Maggino, que un teniente, no recuerdo muy bien, venía y fue detenido en Carora, creo, con un cargamento de cocaína, era subalterno del comandante Maggino, se le descubrió la droga, y por Maggino me llamó desde la Presidencia de la República para abajo, para que lo favoreciera. Es un comandante que luego fue ascendido a general, o a coronel, no sé, y lo mandaron como agregado militar, creo que en Brasil. El teniente llevaba la droga para el batallón donde estaba Maggino. Lo favorecí con una medida cautelar”.


Esa incautación, de más de dos toneladas de cocaína, en efecto ocurrió en noviembre de 2005, según consta en la memoria y cuenta de la Fiscalía General de la República de Venezuela, que al año siguiente acusó —entre otros cinco oficiales— al teniente coronel del Ejército Pedro José Maggino Belicchi. ¿La razón? La droga no “durmió” en un galpón cualquiera o en una finca privada, sino en un cuartel venezolano.


En sus declaraciones, Aponte afirmó haber recibido llamadas para proteger al supuesto responsable del traslado de esa cocaína. Fue contactado por los pesos pesados del estamento militar en Venezuela, oficiales activos de amplio poder político: el capitán del Ejército Antonio Morales, quien pertenecía al principal anillo de seguridad de Hugo Chávez; el ministro de la Defensa en ese momento, Raúl Isaías Baduel, hoy preso; el almirante Luis Cabrera Aguirre, miembro del Estado Mayor de la Presidencia, y los generales Henry Rangel Silva, actual gobernador del estado de Trujillo, y Hugo Carvajal, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).


Aponte dejó además otro par de nombres y apellidos gruesos, a quienes señaló de ser “los zares de la droga en Venezuela”, aunque no mostró evidencias: los generales Clíver Alcalá Cordones, a quien Makled ya había acusado de “sembrarle” la droga que motivó la captura de sus hermanos y su inicial fuga de Venezuela, y Néstor Reverol, actual jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), a quien Makled señaló de haberse quedado con parte de sus propiedades confiscadas por el Estado venezolano.


“Un vendido”

El segundo en esta lista de testigos protegidos de la DEA es el ex gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, un funcionario del chavismo acusado de corrupción que se acogió al programa en septiembre de 2013. El hecho se hizo público gracias a unas declaraciones en tono de burla y amenazas contra Nicolás Maduro volcadas vía Twitter por Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA).


Tarek el Aissami era ministro de Interior y Justicia en Venezuela cuando capturaron a Makled en Cúcuta y tildó de infamias las acusaciones hechas por el Turco, quien llegó a asegurar con una media sonrisa que muchos de los negocios los hacía con el hermano del ministro. Recientemente, desde una asamblea política de su partido, El Aissami, hoy gobernador del estado de Aragua, tildó a su antecesor Isea de “bandido” y “traidor”, vendido a Estados Unidos para “aportar información basura”.


En un arranque de inusitada franqueza sugirió que había evitado hacer denuncias de corrupción contra el actual testigo protegido de la DEA a petición del propio Hugo Chávez: “Yo quería hacer una grave denuncia. En dos años siempre me callé por respeto al pueblo, porque aquí fue el pueblo que lo echó (a Rafael Isea), y también me callé porque el comandante Chávez me dijo cuando me envió para acá: ‘Estoy sacando a un hijo mío por traidor, no me vayas a fallar tú, que eres otro hijo’”.


La "bomba" contra Diosdado 

El tercer venezolano en la lista se unió en enero de este año y ha activado un nuevo mecanismo en esta bomba de tiempo, si no judicial, al menos sí comunicacional. Se trata del militar Leamsy Salazar Villafañe, quien acusó a Diosdado Cabello de ser un capo del cartel de los Soles, una supuesta organización criminal que maneja el tráfico de drogas entre Colombia, Venezuela y otros países de Occidente, donde según él estarían involucrados también Tarek el Aissami y el hermano de Diosdado, José David Cabello, que hoy representa el poder máximo en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.


Salazar Villafañe perteneció al primer anillo de seguridad de Hugo Chávez y trabajó también como escolta de Cabello. Él fue el protagonista de un sonado reportaje del diario español ABC y sirve de columna vertebral para el libro que publicará el periodista de ese medio y corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, el mismo que dio la primicia y señaló posibles nexos entre las Farc y el gobierno de Venezuela, gracias al comercio y el tráfico de drogas. “Cómprales a las Farc toda la mercancía que producen, toda la agricultura y el ganado. Págales un primer plazo de quinientos millones de dólares”, dice Blasco que le dijo Salazar que le dijo el propio Hugo Chávez.


Sobre Cabello, Leamsy contó que lo vio dar órdenes directas para la salida de lanchas cargadas con toneladas de cocaína. También, que controla zonas donde se almacenan montañas de dólares en efectivo procedentes de ese negocio ilícito.


En Estados Unidos deben verificar legalmente alguna de las múltiples acusaciones hechas por Salazar contra el presidente de la Asamblea Nacional y otros altos funcionarios. Diosdado ha desafiado a que muestren una sola prueba que lo condene. Por lo pronto no hay cargos formales en su contra, pero sí una investigación sustentada en acusaciones de poderosos corruptos venezolanos en fuga, y una nueva bocanada de oxígeno para atizar aún más la polarización en Venezuela, donde el discurso oficial apunta a un culpable casi exclusivo de sus crisis y temblores: los medios, la derecha y los medios de la derecha.


Texto publicado originalmente en el diario colombianoEl Espectador, en su versión impresa, y también en su portal digital.

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