Contra el desamparo

Más de 24.000 niños de padres venezolanos que nacieron en Colombia en los últimos cuatro años tienen nacionalidad colombiana desde el pasado 20 de agosto. Se trata de una medida excepcional y temporal del gobierno colombiano que ayudará a mitigar, al menos desde un punto de vista legal, las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban estos menores en riesgo de ser apátridas.


La ley no asegurará su bienestar, pero es un primer gran paso: dotar a estos niños de derechos significa también proteger el futuro de sus entornos inmediatos. Hoy, Colombia enfrenta un fenómeno único en su historia: nunca había recibido a tantos migrantes a través de sus fronteras y apenas está descubriendo cómo actuar administrativamente para evitar un colapso institucional.


El volumen de venezolanos que llegan a Colombia es mayor que el de otros países del continente, lo que representa un reto sin precedentes porque el flujo no se detiene. Según la última medición, realizada a mediados del 2019, son ya 1.408.055 venezolanos los que viven en este país, y de ellos más del 30 por ciento permanece en condición irregular. Esto ocurre, en buena medida, porque las oleadas migratorias recientes están compuestas por personas pobres y desesperadas que ingresan caminando por la frontera sin recursos o planificación.


“Hemos tenido que hacer adaptaciones de muchos sectores para ampliar el alcance en la prestación de servicios, en particular en los ministerios de Salud y Educación, eso implica capacitar personal sobre todo a nivel local, porque aunque el gobierno nacional debe fortalecer entidades como la Cancillería y Migración Colombia, son los gobiernos locales los que al final hacen entrega de los servicios sociales”, ha dicho Felipe Muñoz, actual gerente de Frontera con Venezuela de la Presidencia. Otro reto institucional, afirma, tiene que ver con la capacidad de atención a los retornados colombianos por parte de la Registraduría Nacional, que las cifras oficiales estiman en más de 400.000 ciudadanos, casi todos llegando desde el país vecino.


Este Estado no cuenta con una infraestructura en salud, justicia, educación y nutrición capaz de cubrir las necesidades de todos sus habitantes, en especial los niños y adolescentes. Además, enfrenta graves problemas de desigualdad, así como una violencia intrínseca propia de décadas de guerra entre el ejército, bandas organizadas, grupos guerrilleros y paramilitares.


Para los migrantes, el golpe psicológico del desplazamiento en condiciones tan precarias es estremecedor. Se construye una cadena: tras las demandas laborales de aquellos que llegan al país y no consiguen empleo, llegan la ausencia de dinero, el hacinamiento y el déficit de atención en salud y educación.


A partir de esta realidad surgen los abusos sexuales, la mendicidad, la prostitución infantil y una fuerte inestabilidad emocional. El único con posibilidades reales de mejorar estas condiciones es el Estado, pero no puede solo.


“Tenemos dos preocupaciones recientes, que son parte de líneas de trabajo en las que estamos avanzando con el Ministerio de Educación y con la cooperación internacional. Primero, la salud sexual y reproductiva. Allí identificamos procesos que tienen que ver con violencia basada en género, maltrato familiar y enfermedades transmisibles, como el HIV. El Ministerio de Salud también ha puesto énfasis en la afectación que existe, sobre todo para los niños, en temas de salud mental, pero esto tiene que ver con la disponibilidad de recursos”, reconoce Felipe Muñoz.


¿Cómo garantizar que los niños que llegan a un territorio puedan, cuando menos, alimentarse, jugar y educarse sin ser explotados laboral o sexualmente? De la respuesta a esta pregunta pueden partir los destinos de muchas ciudades en el futuro.



Hace poco recorrí varias ciudades y departamentos de Colombia, invitado por la Fundación Plan Internacional para escuchar las problemáticas comunes de las mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad, en especial las que han llegado desde Venezuela. Conversé con decenas de ellas, con autoridades locales, líderes comunitarios, trabajadores sociales y defensores de derechos humanos. Me quedó claro que el panorama de la niñez en riesgo es alarmante y que la migración de venezolanos definirá las políticas locales y nacionales en los próximos años. En especial lo que hagan no con las madres y padres, sino con los hijos de este incesante flujo migratorio.


Hace unos meses la Policía rescató a 28 menores de edad venezolanos que eran obligados a mendigar por redes de delincuentes en Bucaramanga, capital departamental de Santander. Este hecho fue público y notorio. Algo similar ocurrió en el Centro Histórico de Cartagena, donde durante el primer trimestre de 2019 la Secretaría de Participación en Desarrollo Social del distrito constató que había 57 familias venezolanas en condición de calle pidiendo dinero.


El impacto social, cultural y administrativo de la migración venezolana en este país es palpable. En Cartagena, los venezolanos son el 5 por ciento de la población, según los datos de Migración Colombia, y ocupan el 9 por ciento de la oferta educativa oficial. En Soledad, cerca de Barranquilla, hay sectores pobres ocupados casi enteramente por personas que han migrado desde Venezuela, muchos con doble nacionalidad.


En la ciudad fronteriza de Cúcuta, por el lado colombiano, las dinámicas cotidianas han cambiado. Jonathan Mejía Maldonado, el jefe de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación me contó que en 2015 había en el municipio poco más de 700 estudiantes venezolanos, hoy la cifra es de casi 10 mil. Sin embargo, advierte, la situación de niños sin escolaridad sigue siendo muy dramática: no existen recursos físicos ni humanos para afrontar una realidad que los desborda. Faltan espacios y docentes. Hay doce veces más estudiantes que hace cuatro años, pero con la misma infraestructura. Al mismo tiempo, tienen que enfrentar la xenofobia: de tres planteles educativos debieron retirar carteles donde se leía «No se aceptan niños venezolanos».


Ariana Peña es una madre venezolana de dieciocho años que vive en el asentamiento Alfonso Gómez, un caserío con calles de tierra donde se estima que hay más de 850 familias, la mayoría migrantes. Ella habita una diminuta casa de lona y estacas de madera junto a otras once personas, sin luz ni agua. Allí se apañan como pueden, en 10 metros cuadrados, sobre una vieja colchoneta.


Una de sus hermanas, de catorce años, es la única de ellas que logró obtener un cupo para cursar octavo grado en un liceo. La niña se despierta a las tres de la mañana para estudiar y hace poco su esfuerzo se vio recompensado: recibió una condecoración por obtener las mejores calificaciones de su salón.


Mientras Ariana me cuenta esto, llena de orgullo con una niña en brazos, recuerdo lo que me dijo Mejía: muchos padres venezolanos envían a sus hijos a los colegios en Cúcuta para que puedan asegurar al menos una comida al día. Los que no aprovechan estos cupos suelen estar desempleados y viven lejos. Como se les hace imposible costear el transporte, ponen a sus hijos a trabajar en la calle.


¿Qué tipo de diferencias podrá marcar este hecho en el futuro entre la hermana de Ariana y la hija de un adulto que es impulsada a mendigar?


Las chicas son víctimas de una violencia muy clara contra sus cuerpos: campean las violaciones y las redes de prostitución infantil. También los embarazos adolescentes. El pasado mes de julio, en el mismo asentamiento Alfonso Gómez capturaron al violador de una niña menor de diez años. Ese mismo día hablé con una joven que había tomado la decisión de prostituirse para ayudar a pagar el arriendo de una casa en otro caserío de Cúcuta, en la que vivían ella, su madre, su abuela, su hermana menor, su hijo y otras siete personas. Luego de dos meses tuvo que entrar a terapia psicológica. Ahora el dueño de la casa le ha dicho a su madre que consiga el dinero o “le preste” a su hija para tener sexo con ella a cambio de no echarlas a la calle. Este no es un caso aislado.


Al verse rebosado administrativamente, lo mejor para un Estado como el colombiano será escalar los sistemas alternativos de atención que ya se están desarrollando para esta población vulnerable, a través de oenegés que se centran en el desarrollo psicosocial. Permitir que otros organismos, nacionales e internacionales, con apoyo de la empresa privada, instalen planes de acción sostenidos a largo plazo en salud y educación. De lo contrario, los hijos pobres de la migración crecerán malnutridos, con menos capacidades cognitivas, con desórdenes emocionales y en entornos violentos o delictivos.


Para hablar de casos en otras latitudes, en Suecia , y más recientemente en Australia, han aumentado los diagnósticos del llamado Síndrome de Resignación, un extraño padecimiento que sufren niños y adolescentes en calidad de refugiados; se trata de una especie de coma autoinducido debido al estrés frente a distintas amenazas, entre ellas la posible deportación. En Estados Unidos ha habido casos de niños migrantes, casi todos de América Latina, que no reconocen a sus padres luego de haber permanecido separados de ellos por varios meses.


Directivos de la Cruz Roja Internacional en Colombia me lo advirtieron hace poco: los grandes desafíos de las décadas que vienen para las oenegés de carácter humanitario, incluso para los gobiernos de América y Europa, estarán íntimamente ligados al apoyo psicosocial y a las políticas de inclusión por los flujos migratorios forzados debido a conflictos armados o políticos. En la capacidad de integrar a los extranjeros que lleguen a otros países y garantizarles sus derechos, sin descuidar a sus ciudadanos, está la clave que permitirá sostener un sistema más seguro para todos.


Texto publicado en la edición especial de UNICEF para los especiales regionales de la revista Semana, en Colombia

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